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El fiscal pide un año de cárcel para el exalcalde de Santa Pola y tres ediles de Elche
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El juez abre juicio oral contra Miguel Zaragoza, Luis Ángel Mateo, Justino Delgado y Emilio Doménech por los chiringuitos del Carabassí
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21 septiembre 2017
Les debería dar vergüenza (Juan Carlos Rodríguez Ibarra)
Les debería dar vergüenza (Juan Carlos Rodríguez Ibarra)
Si el Sr. Puigdemont y su corte tuvieran vergüenza, tendrían que haber dimitido de sus escaños y de sus responsabilidades institucionales que obtuvieron con las leyes que ahora están traicionando. Hacer esa traición, desde las instituciones constitucionales y estatutarias, es seguir el ejemplo de Hitler, de Mussolini y, más recientemente, de Maduro, quienes desde dentro del sistema trataron y consiguieron destruir la democracia y la libertad.
El final del pleno del día 6, con sus cantos y los abandonos de quienes no piensan como ellos, era el final que buscaban los traidores. Por eso, aquellos que ilusamente se han mostrado equidistante durante todos estos años, en los que la traición apareció con toda su crudeza, deberían pensar si no contribuyeron con su tibieza y con su reparto de culpas a envalentonar a los que llevan años tratando de aprovecharse del Estado cuando toca la cobardía y el silencio, y de retarlo cuando aparece la libertad.
Muchos de los que nos sentimos ciudadanos de izquierdas tenemos problemas a la hora de comprender cualquier deslegitimación, no de la España en abstracto y patriotera, sino de la España actual, democrática, constitucional, plural, diversa y descentralizada donde, por primera vez, la izquierda y los progresistas hemos podido y podremos plantear y llevar adelante proyectos políticos de igualdad, libertad y solidaridad para todos y entre todos, igual que se hizo tras la aprobación de la Constitución.
El Congreso apoya desalojar a los okupas mediante juicios rápidos
El Congreso apoya desalojar a los okupas mediante juicios rápidos
El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción en la que llama a incluir en el Código Penal los delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido, así como endurecer las penas previstas y garantizar el cumplimiento íntegro del castigo. La iniciativa, pactada entre el Partido Popular y Ciudadanos a raíz de una propuesta de la formación naranja, ha sido respaldada además por UPN y Foro Asturias, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y Compromís han votado en contra. El PNV, el PDeCAT y Coalición Canaria han optado por abstenerse.
La propuesta aprobada por el Congreso llama a reformar la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. En este último caso, con el fin de endurecer las penas previstas a fin de garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen su castigo, disuadir a otros de cometer el mismo delito "e impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro de la actividad ilegal de la ocupación".
En el caso de los juicios verbales, el Congreso apoya que se decidan a través de ellos cualquier demanda que pretenda el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario.
Respecto a uno de los puntos que más suspicacias generó en su debate en el Pleno del Congreso, la posibilidad de que la Policía pudiera entrar en una vivienda ocupada en caso de existir indicios suficientes de que se estaba utilizando para fines delictivos particularmente graves, como los de terrorismo, tráfico de drogas o trata de seres humanos, el texto finalmente pactado con el PP recoge explícitamente que esta entrada se podrá hacer "siempre que se aporte orden judicial o autorización del titular de la vivienda". Así es cómo el diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, defendió el miércoles esta iniciativa en el Congreso.
Medidas de protección social
Por otro lado, la iniciativa también incluye medidas para asegurar la protección social, económica y jurídica en situaciones de vulnerabilidad, en particular habitacional, con la introducción de la dación en pago en caso de deudores vulnerables, y la posibilidad de permanecer tres años en la casa con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Asimismo, también reclama reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos con el fin de atender a las personas que hayan sido desalojadas tras una ocupación "cuando concurriese alguna justificada razón social" y la actualización en la página web del Ministerio de Fomento para publicar las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda, así como enlaces a los organismos autonómicos que gestionan programas de este plan.
Por último, el Congreso pide evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda, previsto en el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y a través del cual entidades financieras ceden pisos para su alquiler social, adquiera carácter definitivo.
Los protestantes españoles, en primera fila
20 septiembre 2017
La independencia supondría la ruina económica de los catalanes
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El déficit exterior son más de 13.000 millones de euros, es decir el 6,5 % del PIB de Cataluña. Multinacionales de alimentación y farmacia abandonarían la región al perder la oportunidad de abastecer al resto de España
